1. Los internautas hemos quedado desprotegidos frente a las prerrogativas de la Administración, que actúa movida por los intereses de las distribuidoras y productoras. La figura del juez sólo es invocada para que resuelva en un plazo muy breve sobre materias muy limitadas, que están muy lejos de abarcar todos los derechos de los ciudadanos. El coste de la fiscalización y la persecución a la que se va a someter a los internautas será soportado por los contribuyentes.
2. La ley permite cerrar y retirar contenidos de blogs y de todo tipo de sitios web. Además, sabemos por las revelaciones de Wikileaks, que en la hoja de ruta trazada por el vicepresidente Biden y la administración Obama, la Ley Sinde sólo es una primera estación en un recorrido que termina con la criminalización de aquellos usuarios que, entre otras cosas, realicen descargas denominadas “ilegales” (aunque en realidad legales en España).
3. La ley limita la libertad de expresión en la red a usuarios individuales que no quieran enfrentarse a un proceso sin garantías. Los dueños de sitios de descargas se los llevarán a servidores de otros países, desde donde funcionarán como siempre. Los creadores no verán aumentar sus perspectivas de futuro a medio o largo plazo, ni verán transformarse por fin este obsoleto modelo de distribución de contenidos culturales mantenido exclusivamente para beneficio de las productoras y distribuidoras que no se han sabido adaptar a las nuevas tecnologías.
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